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26 de abril de 2017

DEFENSOR DEL PUEBLO SOLICITÓ CELERIDAD AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.



En el marco de la investigación sobre los hechos punibles referentes al homicidio del joven Rodrigo Quintana, como igualmente al incendio al Congreso Nacional, el Defensor del Pueblo, Miguel Godoy Servín, solicitó al Fiscal General Del Estado, Dr. Francisco Javier Díaz Verón, la designación de más fiscales, a los efectos de darle mayor celeridad a la investigación desarrollada, sin perjuicio y reconociendo los esfuerzos llevados por el Ministerio Público.

"La Defensoría del Pueblo hace varios días ha iniciado la investigación en referencia a las eventuales violaciones de Derechos Humanos y a hechos que desprenden atentados contra la misma democracia, por lo que solicitamos la colaboración del Ministerio Público bajo las absolutas reservas de los informes de manera a no obstruir la investigación, sin perjuicio de la necesidad de cumplir con nuestro rol investigativo". Explicó, el Defensor del Pueblo.

Asimismo, Miguel Godoy declaró que "ante la necesidad de Canalizar los Reclamos Populares en el rol que compete a la Defensoría del Pueblo, hemos iniciado igualmente una investigación de oficio con el objetivo de coadyuvar con la investigación fiscal de manera a esclarecer dos hechos puntuales: Tanto el homicidio de Rodrigo Quintana como el incendio en el Congreso Nacional?.

"La vida de un joven y el incendio de un Poder del Estado donde se ejerce la representación popular; exigen la celeridad y la mayor efectividad de la actividad punitiva del Estado en la figura del Ministerio Público".

Por tanto afirmamos la importancia de incorporar a más fiscales en el proceso investigativo independientemente que ponemos a conocimiento del Ministerio Público la investigación ya iniciada por la Defensoría del Pueblo.

Son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo:

1. Recibir e investigar denuncias, quejas y reclamos por violaciones de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes, aún cuando tales violaciones sean cometidas por personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales;

2. Requerir de las autoridades, en sus diversos niveles, incluyendo las de los órganos judiciales, Ministerio Público, policiales y los de seguridad en general, información para el ejercicio de sus funciones sin que pueda oponérsele reserva alguna. Podrá acceder a los locales en los cuales estime conveniente hacerlo o donde se denuncie la comisión de tales hechos. Si fuere necesario, recabará del Juez competente la orden de allanamiento y registro de domicilio correspondiente, pudiendo utilizar el auxilio de la fuerza pública.





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