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En el ejercicio de la protección de los intereses comunitarios, rol constitucional de la Defensoría del Pueblo desplegado en razón a los últimos acontecimientos de orden económico que ha afectado los intereses patrimoniales de nuestros compatriotas, específicamente con respecto a la variación en los precios de los combustibles derivados del petróleo que ha tenido un impacto directo en la suba de los precios de la canasta familiar, el Defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy Servín, solicitó a la Ministra de Industria y Comercio, Sra. Liz Cramer, el impulso de las medidas administrativas pertinentes, que posibiliten la baja de los precios de la Canasta Familiar de modo tal que esto pueda redundar en beneficio de la ciudadanía en general y en particular de los sectores más desprotegidos de la sociedad paraguaya, más aun, teniendo en consideración que se aproximan las fiestas de fin de año y en definitiva dicha reducción de precios redundaría en el bien de nuestro pueblo.

"Es de público conocimiento que hoy en día han variado nuevamente las condiciones adversas que determinaron el encarecimiento de los bienes de consumo. Por ello deviene necesario, ante nuevos hechos que acreditan tal situación, un descenso en los precios de la canasta familiar", explicó el Defensor del Pueblo.

Es por lo expuesto y teniendo presente las disposiciones establecidas en la Carta Magna en su art. 6º "De la Calidad de vida" y asimismo, La Ley Nº 1334/98 "De Defensa del Consumidor y del Usuario" que establece las normas de protección y defensa de los consumidores y usuarios, en sus intereses económicos, y contempla como uno de los derechos básicos del consumidor, la efectiva prevención y reparación de los daños patrimoniales y morales o de los intereses difusos ocasionados a los consumidores, ya sean individuales o colectivos, corresponde que tales derechos sean efectivamente materializados por los organismos del Estado.

Por ende, teniendo en cuenta que dicha cartera de Estado en sus objetivos institucionales, debe adoptar en coordinación con otros organismos oficiales la política económica más conveniente de la Nación y como autoridad de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario, recomiendo a la Señora Ministra, el impulso de las medidas administrativas pertinentes, que posibiliten la baja de los precios de la Canasta Familiar.