Asunción, 19 de junio de 2007
Derechos Humanos, Minorías y Discriminación.
La Defensoría del Pueblo de la República
del Paraguay, es una institución creada por la Constitución
Nacional de 1992 y tiene por objetivo la defensa de los derechos
humanos, la canalización de reclamos populares y la protección
de los intereses comunitarios.
La Carta Magna paraguaya dispone que los tratados
internacionales ratificados por Paraguay integran el ordenamiento
jurídico, al expresar en su artículo 141 Que “Los
tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados
por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación
fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento
legal interno con la jerarquía que determina el artículo
137”. Este artículo a su vez dispone: “La
ley suprema de la República es la Constitución.
Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados
y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones
jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en
consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden
de prelación enunciado. Quienquiera que intente cambiar
dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta
Constitución, incurrirá en los delitos que se
tipificarán y penarán en la ley. Esta Constitución
no perderá su vigencia ni dejará de observarse
por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio
distinto del que ella dispone. Carecen de validez todas las
disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido
en esta Constitución”. Por consiguiente, aquellos
instrumentos referentes a derechos humanos que fueron ratificados
por Paraguay son exigibles dentro de su territorio, sin perjuicio
de las demandas que la comunidad internacional pueda formular
contra el Estado paraguayo o que alguna persona pueda recurrir
a los organismos internacionales o regionales de protección
de los derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo ha creado
estructuras, por una parte, para atender las quejas y reclamos
de los habitantes y, por la otra, para hacer un seguimiento
de la adecuación de las políticas del Estado a
las prescripciones de la Constitución Nacional y de los
pactos internacionales.
MINORIAS
La población aproximada del Paraguay
es de unos 6 millones en una superficie de 406.752 Km. Los habitantes
provienen mayoritariamente del mestizaje hispano – guaraní
que se dio a lo largo de la época colonial y de la época
independiente.
En cuanto a las minorías la Defensoría
del Pueblo ha considerado que deben ejecutarse con urgencia
varios programas a favor de personas que estén muy marginadas
del proceso de desarrollo de la sociedad. Están dentro
de ese grupo: los pueblos indígenas, los menores en situación
de calle, las personas de la tercera edad, las personas con
capacidades diferentes, las personas privadas de libertad y
las personas en situación de pobreza.
PUEBLOS INDIGENAS
Actualmente según el censo de la población
de 1992 viven en Paraguay aproximadamente 90.000 indígenas,
agrupados en 17 etnias, de las cuales las que se localizan en
la Región Oriental, son de la familia guaraní.
En la Región Occidental está un pequeño
grupo guaraní; los demás son de la familia chaqueña,
con lenguas y tradiciones diferentes a los guaraní parlantes.
A pesar de los diversos esfuerzos del sector
público y del privado las comunidades indígenas
sufren graves carencias que las colocan al margen hasta de los
beneficios mínimos a los que acceden los demás
habitantes.
Para empeorar el panorama indígena
el hábitat natural de sus comunidades ha estado sufriendo
depredaciones violentas, como la destrucción de bosques
debido al contrabando de madera y carbón vegetal hacia
territorio brasileño, el reemplazo de la selva por tierras
dedicadas a la plantación de soja y la consiguiente desaparición
de animales silvestres.
La Defensoría del Pueblo ha exigido
al Gobierno paraguayo la ejecución de programas que permitan
el inmediato acceso a los servicios de salud y de educación
a cada persona indígena y exigió que dichos servicios
estén administrados por los mismos indígenas.
También ha insistido en que el Gobierno efectue inversiones
que ofrezca a cada indígena la posibilidad de elegir
empleo y no de condenarlo a que necesariamente se dedique a
la agricultura, a la recolección de frutos, a la caza
y a la pesca. Indudablemente que debe respetarse la libertad
de cada persona y debe dejarse de lado pretensiones alienantes.
La Defensoría del Pueblo constató
que las comunidades rurales padecen diversos males relacionados
a la salud, a la educación, ala seguridad publica, a
la comercialización de sus productos y hasta a la recreación.
Esta situación coloca a las personas en una situación
de marginalidad. La Defensoria del Pueblo comprobó que
la causa de tantos problemas se debía a la forma de constitución
en Paraguay de los asentamientos humanos en los últimos
setenta años. En efecto, pudo comprobarse que en este
último lapso se había optado por dispersar a la
población en extensas superficies, contrariando el instinto
pegerio de los seres humanos y forzando a las familias que se
acogieron a los programas de distribución de tierras
a vivir aisladamente sin posibilidad de dialogar, de intercambiar
experiencias, de auxiliarse mutuamente. Proveer a una comunidad
con población dispersa agua corriente, energía
eléctrica y servicios de salud y seguridad pública,
se hace sumamente oneroso y prohibitivo para personas de recursos
mínimos.
Ante esta situación la Defensoría
del Pueblo ha propuesto a las autoridades gubernativas encargadas
de la distribución de tierra la adopción del antiguo
modo de constituir asentamientos en Paraguay. La medida propuesta
pretende formar un núcleo urbano para concentrar la población
en una pequeña superficie y dejar fuera de la ciudad
a la agricultura, a la ganadería y a la industria.
INMIGRANTES
Con relación a los inmigrantes, el
paraguayo ha demostrado un elevado sentido hospitalario. Sin
embargo, el Estado se encuentra ausente en las nuevas comunidades
fundadas por extranjeros. En los territorios fronterizos con
Brasil, los servicios de salud, educación, seguridad
pública, registración para provisión de
documentos personales y otros, son deficientes y en algunas
comunidades inexistentes. Esto obliga a los afectados a gastos
innecesarios y hasta a ser perjudicados por funcionarios inescrupulosos.
Una característica de estos inmigrantes
es que la mayoría de ellos disponen de recursos económicos
o tienen alguna profesión e importantes conocimientos
que les permiten estar en mejores condiciones, que muchos habitantes
del sector rural.
El Paraguay cuenta con una Ley para los refugiados
y coordina sus actividades con ACNUR. Actualmente 65 personas
tienen el status de refugiados. La Defensoría ha impulsado
la creación de la Comisión Nacional para el cumplimiento
de la Ley.
VARIAS MEDIDAS
La Defensoría del Pueblo ha propuesto
al Ministerio de Salud la habilitación de Centros hospitalarios
importantes fuera de la Capital de la República para
los habitantes del sector rural y de las nuevas comunidades
y asentamientos. Igualmente, en el caso de la educación,
la Defensoría del Pueblo propicia la instalación
de centros educativos de primer nivel similares a los existentes
en Asunción, escuelas de formación de mandos medios
y bibliotecas completas.
La Defensoría del Pueblo sostiene que
deben ponerse en ejecución inmediata programas de desarrollo
de las comunidades del interior con oportunidades de empleo
y de acceso a óptimos servicios de salud y de educación
a sus integrantes. Igualmente, la Defensoría del Pueblo,
ha insistido que esas oportunidades de empleo no se deben referir
exclusivamente a la agricultura, sino que deben incluir a la
ganadería, a la industria y a los servicios.
Además, la Defensoría del Pueblo
ha propiciado la creación de una mesa de coordinación
de instituciones del sector público que trabajan en el
área de la niñez y la adolescencia a efectos de
considerar el trabajo de todas ellas desde la perspectiva de
los derechos humanos.
Comisiones similares se han creado también
bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo
en los sectores de defensa del consumidor y en atención
a las personas privadas de libertad.
Motivo de preocupación para la Defensoría
del Pueblo es la atención a personas de la tercera edad.
De ahí que exigió al Instituto de Previsión
Social, entidad que administra fondos jubilatorios y de salud
del trabajador del sector privado, que combata la gran evasión
de pagos por parte del sector patronal.
Esa evasión significa que miles de
trabajadores no tienen seguro médico y que en su ancianidad
no tendrán jubilación.
Además, propicia conferencias para hacer conocer los
derechos que la Constitución Nacional declara a favor
de dicho grupo erario.
Las personas con capacidades diferentes cuentan
con una organismo oficial que brinda asistencia médica
y psicológica. Recientemente, se promulgó una
Ley que obliga a la administración pública contratar
a personas con capacidades diferentes como mínimo en
un 2% (dos por ciento) del total de sus trabajadores. La Defensoría
del Pueblo realizó una campaña para el cumplimiento
de esta Ley.
Las medidas mencionadas buscan integrar en
igualdad de condiciones a aquellas personas que en este momento
están fuera de los beneficios mínimos de la vida
en sociedad.
Una tarea importante ha sido y es la intensa
campaña de información sobre la Constitución
Nacional y sobre los Pactos Internacionales, Convenios y Protocolos
de derechos humanos, para que muchos habitantes sean agentes
activos en la defensa de los derechos humanos. A la fecha y
desde 2002, las personas que han asistido a los cursos, conferencias,
seminarios y talleres suman a varios miles.
En cuanto a las respuestas del Estado a las
recomendaciones de los organismos internacionales de derechos
humanos, merecen el seguimiento de ellas en los espacios tradicionales
de los Comités y, en los nuevos, como los que actualmente
presenta el Mercosur. Un primer objetivo es lograr que los informes
y respuestas del Estado se presenten en tiempo y forma. Un segundo
objetivo es obtener que entre presentación de informes
y formulación de recomendaciones se establezcan un clima
de buena fe en el sector Gobierno para trabajar por la vigencia
plena de los derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo realizó
trámites ante el Gobierno Nacional para el cumplimiento
de Sentencias condenatorias dadas por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Acompañó, además,
a los beneficiarios de la sentencia favorable a los reclusos
de una penitenciaria de menores para el llenado de trámites
para el cobro de las indemnizaciones.
En el caso de los derechos económicos,
sociales y culturales, la Defensoría del Pueblo además
de ocuparse de las quejas de los habitantes del país,
ha presentado propuestas de políticas de Estado, para
corregir aquellas que han demostrado ineficacia o perjudicialidad.
Idéntico temperamento se ha seguido
en el caso de los derechos civiles y políticos mediante
la promoción de medidas específicas.
Así en el caso de la participación
de las mujeres en los cargos electivos colegiados, la Defensoría
del Pueblo nuevamente propuso una Ley de discriminación
positiva que fijaba en un 50% (cincuenta por ciento) el porcentaje
de bancas. El proyecto fue rechazado pero, solo por una diferencia
de cuatro votos lo que hace presumir que en poco tiempo podría
modificarse la legislación en vigencia. La Ley actual
fija en un 20% (veinte por ciento) el porcentaje de bancas para
las mujeres, pero al fijarlo en forma ambigua, la disposición
no se ha cumplido hasta la fecha.
