Asunción. 3 de marzo de 2006
Visita a penitenciaría.
El Defensor del Pueblo, Manuel María Páez
Monges, visitó la penitenciaria de la ciudad de Cnel.
Oviedo. Estuvo acompañado del Delegado del Defensor del
Pueblo de esa ciudad, César Kriskovich y de la Secretaria
de la misma delegación, Srta. Noelia Roa Fleitas.
El local es un antiguo edificio ubicado en el centro de la
ciudad. El hacinamiento es sumamente terrible. Los internos
están expuestos a todo tipo de enfermedades sin que exista
posibilidad real de ubicar a los enfermos en pabellones separados
y bajo cuidado médico.
Debe designarse con urgencia un médico, un odontólogo
y un sicólogo que presten servicio con apoyo del instrumental
requerido, de los insumos y medicamentos y de enfermeros.
También debe proveerse camas, colchones, sábanas
y frazadas. Según una verificación rápida
pudo notarse que faltan al menos 150 de los elementos citados.
Otro requerimiento urgente es el de proveer guardia cárceles
en número suficiente para los tres turnos, debiendo abonarse
el sueldo mínimo y prepararse un programa de sueldos
relacionado con la capacidad, los títulos y los méritos.
Así también la penitenciaria debe disponer de
por lo menos 2 (dos) vehículos para traslado de los internos
al Ministerio Público, al Poder Judicial o a un centro
médico. La administración penitenciaria no debe
seguir dependiendo de la buena voluntad o tiempo de terceros.
La penitenciaría tiene 395 internos, de los cuales 15
son mujeres. Tienen condena 85 varones y 3 mujeres. Entre los
internos están 10 varones indígenas.
Pudo constatarse la presencia de 9 brasileños y 3 argentinos.
Otra anormalidad detectada en esta penitenciaría, que
se da en las demás del país, es que muchos internos
carecen de documentos identificatorios. No existe documentación
legal, en ninguna penitenciaría, que demuestre que el
detenido es la persona procesada.
Esta irregularidad es fácilmente subsanable toda vez
que haya coordinación de trabajos entre las reparticiones
del Ministerio de Justicia y Trabajo. En efecto, tanto la Dirección
del Registro del Estado Civil de las Personas y la Dirección
de Institutos Penales dependen de aquel Ministerio.
La Defensoría reconoce, sin embargo, que existen dificultades
estructurales para solucionar los problemas existentes en el
sector y que no solo se necesita coordinación, sino que
los responsables de las diversas jefaturas crean que todos los
seres humanos tienen derechos inalienables. Mientras dichos
funcionarios consideran los cargos como medios para hacerse
con dinero o para objetivos partidarios nada podrá hacerse
para el cumplimiento de la Constitución y los Pactos
Internacionales.
