Se realizó el 12 de mayo de 2008 en la sala de reuniones de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados, la sesión convocada por la Vicepresidenta de dicha Comisión, Dra. Olga Ferreira de López, a la que asistió el Defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges, y varias víctimas de la dictadura de 1954 a 1989.

En la oportunidad algunas de las presentes urgieron la firma de las Resoluciones de indemnización al Defensor. Otras manifestaron su pedido para que el Ministerio de Hacienda abone las indemnizaciones a los herederos de las víctimas ante la negativa de ese Ministerio de abonarlos.

El Defensor del Pueblo explicó que a efectos de facilitar las tramitaciones su criterio para evaluar si una víctima sufrió torturas es considerar como hecho notorio que el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital y la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos eran centros en donde cotidianamente se torturaba a los detenidos. Agregó que en cuanto a las declaraciones testificales, los testigos deben reunir el perfil indicado por las leyes procesales civiles, tales como que no sean parientes del solicitante o que tengan un conocimiento fundado sobre el caso que exponen. Finalmente indicó que verificará el estado de los siete (7) expedientes urgidos para brindar la respuesta correspondiente.

En cuanto a los pagos del Ministerio de Hacienda se acordó invitar al titular de ese Ministerio para dialogar en una reunión e insistir sobre dichos pagos.