La proximidad de las elecciones nacionales ha introducido en el debate político diversos aspectos, temas y cuestiones. Es deseable que se analicen los problemas nacionales y sus posibilidades de solución en del marco del respeto a las diferencias de opinión.

Por lo expuesto, el Defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges, convocó a los medios de prensa el pasado martes 25 de marzo en sede de la Defensoria. En reunión con la prensa Páez recordó a los candidatos presidenciales que el Paraguay asumió compromisos ante la comunidad internacional al ratificar los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. El cumplimiento de estos es un compromiso de todas las instituciones del Gobierno.

“En la ejecución de la actividad estatal no cabe considerar al ser humano como una simple cifra estadística. Realmente al legislar, al administrar, al aplicar la Ley, los gobernantes no pueden olvidar que están ejerciendo su función ante una persona, sujeto de derechos y para cuyo bienestar se cumple la actividad gubernativa” expreso Páez Monges.


PROYECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

I) Una Cultura de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 marca la culminación de los esfuerzos de hombres y mujeres de todas las épocas y de todas las naciones para lograr el reconocimiento de los derechos humanos. Como homenaje a aquellos hombres y mujeres recuerdo la creación de la democracia en Atenas, la experiencia de la República Romana, la aparición del Cristianismo, la aprobación del Bill of Rights de Inglaterra, la Revolución norteamericana y la Revolución francesa.

El camino hacia el reconocimiento fue largo y en él la humanidad ha tenido sus avances y sus retrocesos. En la última mitad del siglo XX, sin embargo, se dieron saltos muy importantes. Así se puede calificar la consolidación de la Organización de las Naciones Unidas y de sus organismos como la Comisión de Derechos Humanos, la aprobación de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la creación de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otros hitos recientes e importantes han sido la creación de Defensorías del Pueblo o del Ombudsman de conformidad a los Principios de París, la Declaración y Programa de Acción de Viena y la Declaración del Milenio.

Estos avances han permitido construir una cultura de los derechos humanos, dejando de lado los intereses de grupos o de sectores, de religiones, ideologías, naciones y estados. De todos modos, nadie puede llamarse a descanso. La lucha por la vigencia del Derecho exige el concurso de cada habitante de la Tierra.

II) La Democracia

La vigencia de los derechos humanos se da dentro de regímenes democráticos. Es imposible el respeto a los derechos humanos en los Estados totalitarios, en los regímenes mesiánicos o de líder iluminado o de partido único.

Es fundamental que exista una auténtica división de los Poderes del Estado. Cuanto más divididos estén esos poderes más lejos está la posibilidad de caer bajo un régimen dictatorial. Se debe establecer necesariamente un sistema en el que a un organismo estatal corresponda una sola función del Estado. Si un organismo tuviese dos funciones ya lograría una preeminencia sobre los demás. De ahí que el sistema constitucional de establecer el sistema de los tres Poderes clásicos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y de los extrapoderes para las funciones que el Estado contemporáneo tiene, otorga el marco para la vigencia de los derechos humanos. Es vital que existan controles y contrapesos.

Este sistema de gobierno tiene sus costos. En un debate sobre derechos humanos cumplido en la República Oriental del Uruguay me tocó desarrollar las ideas que anteceden. En esa oportunidad uno de los presentes objetó mi exposición por los altos costos, afirmó, que generan las cámaras legislativas, el Poder Judicial y los extrapoderes. Le señalé que si es necesario gastar muchos kilos de metales preciosos para salvaguardar los derechos humanos de una sola persona, deben gastarse.

En Paraguay ya existe sobrada experiencia sobre beneméritas personas que han absorbido la mayoría de las funciones estatales. Bajo sus gobiernos se debió lamentar los exilios políticos, las torturas, las detenciones arbitrarias y los asesinatos políticos.

En ningún caso se debe pretender que las cámaras legislativas trabajen como robots a cargo del Poder Ejecutivo, ni que el Poder Judicial esté integrado por “gente de confianza” del Poder Ejecutivo o de los partidos políticos con representación parlamentaria.

El Estado paraguayo debe fomentar y garantizar el respeto a los derechos de las personas sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (Art. 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos)

En este orden de cosas en el próximo quinquenio debe ponerse fin a la marginación que sufre la mujer al estar alejada de los cargos de dirección, incluyendo las cámaras legislativas.

El Estado paraguayo, por intermedio de sus poderes y extrapoderes, debe oponerse a toda pretensión de uniformar la opinión del pueblo paraguayo y a toda forma de discriminación e intolerancia.

III) Desarrollo, Pobreza y Marginación

La pobreza ha provocado el deterioro de la salud y obstáculos para acceder a los servicios de salud y de educación.

Simultáneamente la ausencia de educación incuba problemas subsiguientes: nulas posibilidades de un trabajo digno y liberador. En el supuesto de lograr algún salario, la escasa calificación condena a la persona a tareas subalternas y poco remuneradas.

El Paraguay es, desde los tiempos coloniales, un país agrícola – ganadero. Nuestro país está condenado a permanecer en el subdesarrollo si se dedica exclusivamente a esas actividades. Consiguientemente, quien trabaje en los campos agrícola y ganadero, en la pequeña empresa familiar, como en los tiempos de la Colonia, está condenado a vivir en la pobreza.

Necesariamente el desarrollo del sector rural pasa por las posibilidades concretas de que sus habitantes tengan opciones de entrar con fuerza en procesos de industrialización a corto plazo y, eventualmente, a dedicarse a los servicios. Imponerles como únicas opciones la agricultura y la ganadería ha llevado a consolidar la pobreza en varias regiones del Paraguay.

El Estado debe recordar sus compromisos asumidos al ratificar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador y al suscribir otros documentos como la Declaración y el Programa de Acción de Viena.

El Estado debe ocuparse necesariamente de la industrialización del Paraguay y de la creación de empresas de servicios. No le está permitido diluir su responsabilidad en el combate a la pobreza en la inacción del sector privado.

La creación de nuevos asentamientos humanos debe realizarse sobre la base de urbes, siguiendo las tradiciones guaraníes y españolas y el instinto gregario del ser humano. El sistema de dispersar la población ha sido uno de los factores de pobreza en varias regiones del Paraguay. Es fundamental la creación de urbes para reducir al mínimo los costos de provisión de los servicios de salud, agua potable, educación, energía eléctrica, comunicaciones, seguridad pública, comercio y recreación.

El desarrollo es un imperativo. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo afirma que ese Derecho es universal e inalienable y parte integrante de los derechos humanos.

La Declaración y Programa de Acción de Viena expresa que el desarrollo propicia el disfrute de todos los derechos humanos. Agrega que el derecho al desarrollo debe realizarse de manera que satisfaga equitativamente las necesidades en materia de desarrollo y medio ambiente de las generaciones actuales y futuras.

IV) Acceso a los servicios de salud

En la capital de la República se han concentrado los trabajadores de la salud y los principales servicios: El habitante del interior es derivado a Asunción aun en casos no complejos, toda vez que tenga dinero para abonar los gastos de traslado. El interior no tiene establecimientos del Ministerio de Salud Pública y del Instituto de Previsión Social que puedan garantizar una atención medianamente segura. Ante este cuadro los médicos no se arriesgan y ordenan la derivación a Asunción, para evitar las demandas por mala praxis.

Esta propuesta insiste en el fortalecimiento de los hospitales regionales con equipamiento para todos los servicios y con formación y capacitación permanentes para el personal. El programa incluye habilitación de servicios de cocina, lavandería, ambulancias, aire acondicionado, limpieza y tratamiento de basura patológica.

La ejecución del programa debe ser inmediata para detener las muertes de niñas y niños, madres y adultos mayores.

V) Acceso a los servicios de educación

Carlos Antonio López sostuvo que las escuelas son los mejores monumentos a la libertad. Este presidente de la República confiando en dicha afirmación se ocupó de expandir la educación primaria e impulsó la formación de mandos profesionales para asegurar la modernización del Paraguay.

Igual tarea debe cumplirse actualmente. La industrialización del país, la modernización de las actividades agrícolas y ganaderas y la creación de empresas de servicios competitivas en la región, exigen la formación y capacitación de recursos humanos para todos los niveles. No embarcarse en esta iniciativa significará, en la línea de pensamiento de Carlos Antonio López, la pérdida de la libertad y la producción de mano de obra barata para nuestros vecinos.

Para lograr esa educación liberadora necesariamente la escuela pública, debe recuperar la tradición del Colegio Nacional de la Capital, institución de la que provienen personalidades forjadoras de muchas glorias del Paraguay. La ineficacia de la escuela pública hace que quienes ingresan a la Universidad Nacional de Asunción son, en su mayoría, egresados de la escuela privada. Es decir, quienes no han podido pagarse una escuela privada están excluidos de las aulas de la Universidad Nacional de Asunción a la que se accede aprobando exámenes de admisión que ponen al descubierto las falencias de la escuela pública.

Para hacer frente al problema de la escuela pública debe comenzarse por una rigurosa selección de su personal, que deberá cumplir un contrato de trabajo previamente pautado y ajeno a las intervenciones de factores exógenos, desde la contratación y hasta la jubilación del docente.

El curriculum de todos los niveles y modalidades deben revisarse. Los programas de estudio no deben incluir materias o asignaturas que pueden quedar a cargo del sector privado para aquellas personas que deseen estudiarlas. Muchos contenidos han sido incluidos porque se cree que hay que cargar el curriculum con cualquier clase de información sin analizar su pertinencia y su adecuación al objetivo de proveer al alumno instrumentos que le permitan por un lado un excelente relacionamiento con el mundo y, por otra parte elementos que le permitan tener una personalidad investigadora, con iniciativas e identificada con las tradiciones e intereses del Paraguay.

Igualmente, deberán crearse colegios técnicos vocacionales, al menos uno por departamento. Una innovación, también, deberá ser la creación de bibliotecas en cada ciudad, a cargo del Ministerio de Educación, con capacidad para servir a todos los estudiantes de la educación escolar básica, de la media, de la técnica y de la universitaria.

VI) Pueblos Indígenas

El Estado deberá impulsar de inmediato programas para las comunidades indígenas del Paraguay teniendo como objetivo el fomento de la igualdad, de la utilidad social y de la iniciativa individual.

Los programas deben promover el desarrollo social, económico y cultural.

En tal sentido, cada persona debe tener la opción de trabajar en la industria, en la agricultura, en la ganadería y en los servicios. En el mundo contemporáneo es imposible sobrevivir mediante la recolección de frutos de la selva (que está en vías de extinción) o mendigando en las grandes ciudades.

El programa de viviendas debe incluir a las poblaciones indígenas, dando a cada familia una casa familiar, con agua potable, energía eléctrica, tele comunicaciones y vías de comunicación.

En la escuela y en los establecimientos de salud deben trabajar profesionales de la misma comunidad.

Deberá preverse las partidas presupuestarias correspondientes para que se habiliten oficinas que preparen textos de gramática y diccionarios de las lenguas de las comunidades indígenas del Chaco paraguayo.

VII) Niñas y niños de la calle.

Los programas de rescate de los niños y niñas de la callen deben incluir a sus progenitores. El Programa “Abrazos” administrado pro la Secretaria de Acción Social debe extenderse a todo el país. En aquellos casos en que los menores residen en un hogar en donde la mujer es la jefa, deberá duplicarse el aporte ordinario.

Este programa debe extenderse a las comunidades indígenas.

VIII) Penitenciarias.

El Paraguay debe cumplir con sus obligaciones constitucionales y con los Pactos Internacionales que ratificó. Los centros de reclusión administrados por el Ministerio de Justicia y Trabajo no reúnen los perfiles indicados por aquellos documentos. Se debe prever de inmediato centros penitenciarios exclusivamente para varones adultos y otros para mujeres adultas, otros diferenciados también para los menores.

En todos los casos debe existir una separación entre aquellos que tienen condena firme de quienes tienen proceso en curso.

Debe establecerse en todos los casos procedimientos y estructuras que permitan cumplir el objetivo de la reintegración social de las personas que han cumplido su condena. A la fecha el centro de reclusión “Nueva Esperanza”, cumple ese objetivo y esa experiencia debe extenderse a todo el país.

Además, de inmediato debe proveerse alimentación a los internos. La suma presupuestaria de Gs. 5.000 (Guaraníes cinco mil), es decir, menos de un dólar por interno al día, obliga a vivir de la caridad pública.

Igualmente, debe tenerse dinero para adquirir medicamentos. La suma destinada hoy día de Gs. 50.000 (Guaraníes cincuenta mil) por interno – año no tiene relación con la realidad penitenciaria.

El hacinamiento o la sobrepoblación penitenciaría provoca que haya internos durmiendo en el suelo de los pasillos, sin camas, colchones y frazadas.

El servicio médico, oftalmológico y odontológico no debe descansar en la caridad pública. Es una obligación del Estado.

Cada penitenciaría debe contar con guardiacárceles formados y capacitados por el Estado, con un salario digno.

También cada administración penitenciaria debe contar con vehículos y ambulancias, mobiliario, equipos informáticos y almacén para proporcionar en tiempo, elementos de higiene persona y de limpieza y mantenimiento del edificio.

Un objetivo que debe tenerse es que en cada Departamento debe existir una penitenciaria para evitar el desarraigo y la suspensión frecuente de audiencias en juzgados y tribunales.

Cabe traer a la memoria el caso de los internos del centro de reclusión “Panchito López” en el que el Estado paraguayo fue condenado a pagar más de U$ 3.000.000 = (Dólares de E.E.U.U. tres millones).

IX) Lucha contra la tortura.

El Estado paraguayo está obligado por la Constitución Nacional y por los Pactos Internacionales a desterrar la tortura y a castigar al autor o autores. En el supuesto de que el crimen haya sido cometido por funcionarios policiales o militares, el Estado, además, debe abonar las indemnizaciones y los gastos de reestablecimiento.

También debe estimularse de inmediatos la instalación en el ámbito de la Policía unidades de derechos humanos que se ocupen de dar instrucción al cuerpo policial sobre derechos humanos y sobre la legislación contra la tortura.

En el ámbito de las Fuerzas Armadas de la Nación ya existen oficinas de derechos humanos. Resta organizar planificadamente cursos de formación y capacitación a fin de llegar a todos los integrantes de las fuerzas.

Igual medida debe adoptarse en lo referente a los guardiacárceles y al personal que trabaja en el hospital psiquiátrico.

En el ámbito del Ministerio Público y del Poder Judicial también deben preverse cursos de formación y capacitación en Derechos Humanos.

Al referirme a los cursos de formación y de capacitación menciono a procedimientos que culminen con la evaluación del cursante y que sean condicionantes para eventuales promociones.

X) Lucha contra la corrupción.

1. Deberán mejorarse y fortalecerse los sistemas existentes de lucha contra la corrupción. Así la presentación de la declaración jurada debe ser un requisito previo para percibir el primer sueldo, salario o dieta.

2. La oficina de contrataciones públicas deberá establecer nuevos perfiles para detectar estrategias que busquen permear sus controles o aprovechándose de las reglamentaciones vigentes vendan al Estado materiales de desecho o chatarra.

3. Es necesaria una nueva Ley sobre el lavado de dinero. El Defensor del Pueblo ha venido insistiendo al Senado sobre dicha legislación..

4. Debe dictarse también una Ley sobre utilización de los royalties y de los recursos propios en municipalidades y gobernaciones para evitar que los primeros se destinen a gastos corrientes o que los recursos propios sean destinados íntegramente a gastos corrientes.

5. También se necesita una Ley que obligue a todos los poderes, extrapoderes, empresas públicas, gobernaciones y municipalidades a tener su ejecución presupuestaria por mes vencido en su página de internet.

XI) Acceso a la Justicia.

El acceso a la Justicia ofrece varios frentes que fortalecer o corregir. En primer lugar debe insistirse en crear las condiciones para que el Abogado tenga una formación excelente en las facultades. Entre otros contenidos debe insistirse en la asignatura Derechos Humanos que incluya estudios de los Pactos Internacionales y de los sistemas de protección de los derechos humanos.

En cuanto al acceso a la carrera judicial, necesariamente deben ingresar aquellas personas con excelente formación profesional y conocidas por su honestidad. El Consejo de la Magistratura deberá tomar pruebas objetivas administradas por docentes también reconocidos por su respetada formación profesional.

En cuanto a los magistrados que desean obtener la confirmación en sus cargos o buscan una promoción, deberán ser examinados sobre contenidos que sean propios de su jurisdicción y competencia.

En lo referente a la designación de Ministros de la Corte Suprema de Justicia también deberá exigirse la excelente formación profesional y una acrisolada honradez.

Además, debe establecerse un programa de crecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público con plazos a cumplir. Deberán priorizarse aquellas ciudades que aun carecen de un magistrado de primera instancia y, aquellos departamentos que aun no tienen una circunscripción judicial propia.

También deberá fortalecerse la infraestructura edilicia, mobiliaria, equipamientos informáticos y servicios de internet. Cada circunscripción deberá contar con una Biblioteca y con programas de acceso a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

La provisión de vehículos es urgente en el interior. No corresponde exigir al magistrado que recurra a la buena voluntad de los abogados litigantes para el cumplimiento de audiencias, inspecciones, allanamientos y otras actuaciones.

Deberá fomentarse la alternativa de la mediación para lo cual deberán fortalecerse diversas oficinas como la Justicia de Paz. En relación al patrocinio letrado, la Defensa Pública debe contar con más recursos para acudir en ayuda de quienes no pueden abonar los honorarios de un abogado. También debe preverse un servicio de patrocinio bajo la dirección de la Defensa Pública a prestarse por abogados de las universidades nacionales al egresar y dentro de los doce meses de su juramento.

La legislación debe contemplar de inmediato los remedios para evitar la mora judicial y, específicamente, que un apersona guarde reclusión mediante artificios procesales. Es violatorio a los derechos humanos obligar a una persona a permanecer atada a un proceso interminable que finalmente caduca o perime y el consiguiente perjuicio económico de pago de honorarios de abogados o, para peor, con la pérdida de libertad en una causa en la que no se produjo sentencia firme.

XII) Seguimiento de las recomendaciones sobre derechos humanos en el ámbito del Poder Ejecutivo.

El Estado paraguayo está obligado a cumplir los Pactos Internacionales, a elevar informes a varias oficinas de las Naciones Unidas y de la OEA por intermedio de la Cancillería y de dar cumplimiento a las recomendaciones que se formulen

Muchas disposiciones de los Pactos Internacionales, inclusive las de fácil cumplimiento, como son la creación de institutos de capacitación en derechos humanos y, en especial contra la tortura, en el ámbito de la Policía Nacional y de los guardiacárceles, no se cumplen.

Esto ubica al Paraguay, innecesariamente, entre los países que violan los Pactos Internacionales. Consecuentemente vienen recomendaciones que tampoco se cumplen.

De ahí que sea necesario crear una oficina de nivel de Viceministerio dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores que haga el seguimiento de todos los Pactos de Derechos Humanos ratificados por Paraguay, formule las políticas y las estrategias para el cumplimiento y prepare los informes que la Cancillería debe presentar. Es necesario el respaldo del Poder Ejecutivo para lograr ese cumplimiento en los diversos niveles de la Administración Pública.

Esa oficina debe tener el referido nivel de tal suerte que el Poder Ejecutivo pueda generar instrucciones a los diversos organismos de la administración central y comunicar a los demás Poderes y extra poderes las recomendaciones recibidas de la ONU y de la OEA.

Por otra parte, la Cancillería debe crecer con más funcionarias y funcionarios de carrera y de perfil profesional excelente. Deberá tener una Comisión Asesora que formule planes de largo, mediano y corto plazo y una subcomisión para temas energéticos, atendiendo nuestras empresas compartidas con Argentina y Brasil. Además, la Comisión deberá no solo ocuparse de trazar planes para las relaciones bilaterales o multilaterales sino también del estudio de opciones para el mejor posicionamiento de Paraguay en todos los campos.