lo que consideran un reprochable y desconsiderado comportamiento
de los integrantes de la denominada “Coordinadora
de Docentes Colorados de Lambaré”, “Proyecto
Blanca Ovelar - Carlos María Santa Cruz”,
quienes realizan una abierta campaña de presión
sobre los citados docentes, a objeto de “invitarlos”
a participar de reuniones y actos políticos “con
la Pre - Candidata a la Presidencia de la República
del Paraguay, Señora Blanca Ovelar de Duarte y
el Señor Carlos María Santa Cruz.”
El forzoso mecanismo de “invitación”
utilizado, presentando como un deber inexcusable la presencia
de todos los docentes en los precitados actos, ocasionó
el efecto contrario, causando indignación y enfado
en los docentes quienes, sintiéndose manoseados
e irrespetados en su dignidad y derechos, no concurrieron
a las reuniones de referencia. Esto, a su vez, disgustó
a algunos dirigentes de la aludida “Coordinadora
de Docentes Colorados de Lambaré”, que procedieron
a demandar explicaciones e incluso a reprochar a algunos
de los educadores por sus ausencias.
La facultad de este Defensor del Pueblo Adjunto es desempeñar,
con escrupuloso apego a la ley, el estricto control del
ejercicio de la función pública. En tal
carácter, al transmitir los hechos relatados, debo
resaltar la gravedad de los mismos desde que son cometidos
por funcionarios públicos, docentes pertenecientes
al Ministerio de Educación, quienes deberían
ser los primeros en sentirse obligados y dar ejemplo de
respeto a las leyes, a los derechos y a las personas de
sus propios colegas.
“Si los educadores, que son los formadores de conciencia
de los niños y jóvenes, tienen este comportamiento
sectario y aberrante, ejerciendo coacción y presión
inapropiada e ilegal sobre sus propios compañeros
de trabajo, es bien poco lo que puede esperarse de ellos,
como promotores de la libertad y de la paz, así
como responsables de la formación intelectual,
moral y cívica de la juventud” recalcó
el defensor adjunto.
Considerando que estas mismas conductas inapropiadas
e ilegales pueden estar repitiéndose en diferentes
lugares del país, causando temor, zozobra y dudas
en los educadores de los diferentes niveles, la Defensoría
del Pueblo reclama a la Ministra de Educación se
sirva emitir un pronunciamiento público indicando
con claridad que los maestros, como todo funcionario público,
tienen la libertad de optar por concurrir o no a los actos
políticos de su preferencia, garantizándoles
que desde esa Institución no se ejercerá
presión alguna, no se tomará ningún
tipo de represalias y se los respetará y protegerá
celosamente en sus puestos de trabajo
