La
designación del Defensor del Pueblo, tan ansiada y esperada
por la sociedad paraguaya, pudo hacerse efectiva en octubre del
año 2001 por la Resolución Nº 768/2001 de la
Honorable Cámara de Diputados.
La Defensoría del Pueblo inició sus actividades
en un escenario muy poco favorable, caracterizado por severas
limitaciones presupuestarias lo que le impidió conformar
su equipo de trabajo hasta el 2 de enero de 2002.
No
obstante, el Defensor del Pueblo procedió a estructurar
la Institución a través de una serie de resoluciones,
que se efectivizarán en la medida en que la Defensoría
vaya creciendo y adquiriendo recursos.
La Defensoría
del Pueblo aparece en el Derecho Constitucional paraguayo con
la Carta Magna 1992. Sus antecedentes inmediatos en el Derecho
Internacional se encuentran en las legislaciones de España,
Portugal y de otros países hermanos de Latinoamérica.
También revistió gran importancia la experiencia
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Como antecedentes remotos de la Defensoría
del Pueblo en Paraguay podemos notar varias instituciones que
la Humanidad creó para mejor atención de sus derechos.
En la República Romana ejerció la defensa del pueblo
el Tribuno de la Plebe, magistrado que tenía potestad de
vetar. Durante la Colonia, en Paraguay se tuvo un funcionario,
el Justicia para que los vecinos recurran ante él. Además
existió el cargo de Protector de Naturales, para la defensa
de los indígenas. Una de las personas que llegó
a ejercer ambos cargos fue Hernando Arias de Saavedra, más
conocido como Hernandarias, uno de los hombres más ilustres
del Paraguay Colonial.
En 1995 se
dictó la Ley N° 631 "Orgánica de la Defensoría
del Pueblo" y, en 1996 la Ley N° 838/96 "Que indemniza
a víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante la
Dictadura de 1954 a 1989". Pero, a pesar de todas estas iniciativas
legislativas, el Defensor del Pueblo no fue designado sino hasta
nueve años después de haber entrado en vigencia
la Constitución Nacional.
La Defensoría
del Pueblo comienza sus primeros pasos en momentos en que el país
atraviesa por una grave situación en los campos, económico
y social. En este contexto de demandas sociales y ciudadanas insatisfechas,
la Defensoría del Pueblo inicia sus trabajos actuando como
puente de comunicación entre la sociedad y el Estado.
La Defensoría
del Pueblo no dispone de los recursos financieros necesarios para
el desarrollo acabado de sus funciones, en el sentido de que la
misma se ve imposibilitada de brindar atención a todo el
país. Con todo, es necesario señalar que existe
voluntad de esclarecer situaciones y hacer justicia. A ese efecto,
se han establecido las estructuras y las funciones específicas,
se suscribieron convenios y se promocionó el mejor conocimiento
de la Institución.
El principal
objetivo que se ha trazado la Institución es el de revertir
el estado de desesperanza y descontento de quienes ven conculcados
sus derechos y buscar por todos los medios a su alcance apegarse
a lo establecido en la Constitución Nacional y en las Leyes,
en demanda de Justicia.
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